Resulta complejo calcular con exactitud el coste económico de las obras de fortificación en ambos territorios, aunque es evidente que fue enorme.

Tras la Guerra Civil, España se enfrenta a una situación de penuria que hace aún más oneroso este gasto en una infraestructura militar que implica no solo el coste de la construcción de los búnkeres, pistas y carreteras, y los materiales que se utilizan en estas, sino también el mantenimiento de miles de personas implicadas en las obras.

Esto debe enmarcarse en una política franquista que frena el gasto público y la ampliación de los servicios públicos que se han impulsado en décadas anteriores, especialmente durante la II República. Así, el gasto militar supone más de un 35 % del gasto público durante la mayor parte de los años 40, cuando antes de la guerra estaba en torno al 20 %. Además, ese aumento del gasto militar se da en una década de miseria, de mayores desigualdades sociales y de descenso de los salarios reales, con una hambruna que afecta incluso a la estatura media de quienes crecen entonces, especialmente entre las clases populares. 

En cuanto al Muro Atlántico, también es difícil establecer el coste exacto de su construcción. Se levanta en un momento de economía de guerra, en el que todos los medios de producción quedan supeditados al esfuerzo bélico. Por otro lado, su extensión es seis veces mayor que la fortificación española, con construcciones de mayor envergadura, y a las que se dota de armamento, puertas blindadas, comunicaciones, líneas de alambrada, campos minados… Como ejemplo del destino desproporcionado de recursos, tenemos la utilización de 13.234.500 m3 de hormigón y de 1.200.000 toneladas de acero (el 5 % de la producción alemana anual).